Amador Rodríguez Lozano, secretario General de Gobierno dijo que hasta el momento no ha habido ningún acercamiento por parte del Club Campestre de Tijuana con la finalidad de impugnar la expropiación, luego de que se emitiera un decreto de utilidad pública el pasado 13 de abril.

Rodríguez Lozano detalló la expropiación es “un acto apegado a la ley” y se estableció una indemnización para los propietarios que en este caso son tres personas, a las que se les entregaría la cantidad de mil 230 millones de pesos y se pagará dos años después.

El Secretario señaló que ya han habido expropiaciones anteriormente, ejemplificó el caso del ex gobernador Eugenio Elorduy quien en el año 2000 expropió mas de 750 hectáreas y nadie manifestó que era un “atentado contra la propiedad privada.