El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea​​, presentó este lunes la petición de consulta para determinar si la ampliación de su mandato hasta 2024 es constitucional o no.

A través de una publicación en su cuenta de Twitter, el funcionario compartió el escrito que mandó al Pleno de la SCJN para que se debata sobre el artículo décimo tercero transitorio de la reforma judicial, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 7 de junio

“En este contexto, resulta necesario que el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su calidad de guardián de la autonomía e independencia del Poder Judicial Federal, así como máximo intérprete de la Constitución, fije una postura a la brevedad posible”, indicó.

De esta manera, Zaldívar realizó cinco preguntas para que determine qué debe proceder con la reforma en cuestión.

1. Ante la posible inconstitucionalidad del artículo Décimo Tercero transitorio del Decreto de reformas, ¿Qué determinación debe adoptar el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
2. ¿Puede el Pleno de la Suprema Corte pronunciarse sobre la constitucionalidad de normas generales que pudieran afectar la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación o de algunos de sus órganos, fuera de un medio de control constitucional promovido por parte legitimada?
3. En su caso ¿Qué mayoría se requiere para invalidad o inaplicar una norma general? ¿Basta con la mayoría simple o se requiere una mayoría calificada de ocho votos?
4. ¿El contenido del artículo Décimo Tercero transitorio del Decreto de reformas es acorde con los artículos 97 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos?
5. De considerarse que es inconstitucional ¿Cuál sería el efecto de esta resolución en relación con la norma general en análisis, así como respecto a la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal?

Finalmente, Zaldívar señaló que el objetivo de la consulta es despejar las dudas respecto a estos planteamientos. Pero, sobre todo, pretende “dirimir la controversia que se ha generado sobre la interpretación de los artículos 97 y 100 de la Constitución en relación con el artículo que extiende su mandato hasta 2024.