Una niña de 11 años fue víctima de abuso sexual en Bolivia, en el municipio de Yapacaní, Santa Cruz. El agresor de la menor es el abuelastro, de 61 años, quien abusó de ella en reiteradas ocasiones y la embarazó.

Tras denunciar el suceso, la comunidad inició un debate donde algunos defienden el derecho de la niña al interrumpir la gestación y otros rechazan esta idea.

El hombre, quien cuidaba de la niña ya que sus padres viajaban por trabajo, se encuentra en la cárcel y la menor fue ingresada en un hospital.

La denuncia la presentó la tía de la víctima, después de que la menor comentó a una prima “que sentía unos movimientos extraños en su vientre”.

Según declaraciones de la directora ejecutiva de la asociación feminista Casa de la Mujer, Ana Paola García, en un principio, la madre solicitó la interrupción del embarazo acogiéndose a una sentencia constitucional de 2014 que establece que una víctima de violencia sexual puede abortar sin necesidad de una orden judicial y al margen del periodo de gestación en que se encuentre.

Desde el jueves pasado, la Defensoría de la Niñez y otras organizaciones lograron gestionar los permisos para interrumpir el embarazo.

Sin embargo, tras una serie de declaraciones de organizaciones y la Iglesia católica, que condenaron el hecho, pero insistieron en continuar con la gestación, la madre de la menor decidió no llevar a cabo el aborto, informaron medios locales.

La menor había manifestado previamente a una junta médica que “no quiere ser madre”, por lo que se le suministró una primera dosis del medicamento para interrumpir la gestación, explicó García.

Por su parte, la Iglesia católica se ha comprometido a apoyar a la víctima y a su bebé, en caso de que el embarazo siga adelante.