El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) transparentar el número de carpetas de investigación abiertas y denuncias en contra de los últimos tres expresidentes de México: Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quesada, así como del actual titular de poder Ejecutivo federal Andrés Manuel López Obrador.

La cantidad de denuncias que debe dar a conocer la FGR son las que cubren el periodo del 1 de diciembre del 2000 al 1 de abril de 2022, que sean del conocimiento del imputado y que tengan que ver con el cargo público que ocuparon.

Esta decisión se da luego de que una persona solicitó un recurso de revisión ante el INAI dado que la Fiscalía le negó la información debido a que “no podía entregarle la información, ninguna, porque estaba clasificada, porque habría que velar por el buen nombre, el derecho al honor y la presunción de inocencia de los posibles involucrados”.

Francisco Javier Acuña, comisionado del INAI, indicó que la clasificación de la información como confidencial o reservada no puede constituir una regla absoluta, por lo que se deben estudiar las posibles excepciones, para privilegiar el derecho de acceso a la información.

También añadió que la clasificación de la información como confidencial o reservada no puede ser una regla absoluta, ya que hay casos en los que su difusión genera mayores beneficios para la sociedad que los daños que podrían generarse con su divulgación.

El INAI señaló que la información sobre las posibles denuncias contribuye a que los gobernados tengan conocimiento de las investigaciones que, posiblemente, se siguen contra exservidores públicos y el actual presidente, así como dar a conocer las acciones que la autoridad ministerial o judicial decidió.

En caso contrario, si se negara el derecho a la información se le impediría a la sociedad contar con elementos informativos para examinar el desempeño de la FGR; tampoco se podría analizar las labores de los exservidores públicos y del actual presidente.

Además, se determinó que las personas públicas, como los mandatarios mencionados, deben soportar una mayor injerencia en sus derechos de la personalidad, como su privacidad, protección de datos, honor e imagen, así como el de presunción de inocencia debido al interés legítimo de recibir la información de ellos.