La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió una suspensión provisional contra del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), impulsado por el gobierno, el cual implica que todos los usuarios de telefonía móvil están obligados a dar varios datos personales para poder utilizar su línea de teléfono celular.

Después de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) impugnara la creación del Panaut, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, admitió la controversia y, por lo tanto, instalación y operación del Padrón estará detenida hasta que este proceso se resuelva.

Con esta determinación se estableció que se paralizarán “todas las acciones que competen al IFT para desarrollar la plataforma”, así como la “emisión de las disposiciones administrativas de carácter general para su operación” y “las campañas y medios de información para la difusión del programa”.

El IFT impugnó diversas disposiciones del llamado padrón de celulares, entre sus argumentos se encontraba el hecho de que “no cuenta con los recursos para cumplir el mandato legislativo de poner en marcha el registro del Panaut con cargo a su presupuesto”, pues según el Instituto, necesitarían más de 700 millones de pesos para su creación y operación.

La creación de este padrón ha causado polémica ya que implica de manera obligatoria solicitar los siguientes datos:

• Nombre del titular de la línea telefónica.
• Número de celular, fecha y hora de la activación de la línea.
• Nacionalidad del usuario.
• Número de identificación oficial con fotografía y Curp.
• Datos biométricos del usuario y su dirección domiciliaria.
• Los datos del concesionario de telecomunicaciones.
• Esquema de contratación de la línea, si es pospago o prepago.
• En el caso de las líneas móviles que se adquirieron con anterioridad, los concesionarios tendrán dos años para recabar sus registros.

Según el proyecto, el objetivo primordial de la creación de este padrón es frenar los delitos de extorsión y secuestros que, en muchos casos, se cometen desde los centros penitenciarios, a través de teléfonos celulares que ingresan de forma clandestina a las prisiones.