Indígenas purépechas atacaron las instalaciones de la Fiscalía de Michoacán e incendiaron al menos dos motocicletas de la Policía Estatal, en protesta por el asesinato de cuatro de sus compañeros en el poblado de Arantepacua, durante una irrupción policial registrada en 2017.

#Morelia Momento justo en el que habitantes de #Arantepacua destruyen instalaciones de la @FiscaliaMich. pic.twitter.com/wnNNDLHoEe

— Media Group Michoacán (@MediaGroupMich) April 5, 2022

Los indígenas, apoyados por profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), iniciaron las protestas en la “Casa Michoacán“, residencia oficial del Gobierno estatal, ubicada en Morelia, capital del estado y después marcharon hacia la Fiscalía General del Estado (FGE), donde con piedras, palos y cohetes artesanales destruyeron el acceso principal, ventanales y mobiliario. Minutos después, los inconformes quemaron al menos dos motopatrullas de la Policía Estatal.

#ÚltimaHora ⚠️ #Morelia Manifestantes de Arantepacua destrozan instalaciones de la Fiscalía General de Michoacán. pic.twitter.com/hmRtp3w4yX

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Los manifestantes recordaron que el 5 de abril del 2017, la Policía Estatal irrumpió en el poblado purépecha de Arantepacua, del municipio de Nahuatzen, bajo el argumento de buscar a un presunto grupo de sicarios que ahí se ocultaba.

Los indígenas quedaron en medio de un un supuesto fuego cruzado entre los gatilleros y los policías estatales, que dejó como saldo cuatro purépechas muertos, entre ellos un menor de edad.

El 11 de diciembre de 2020, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó que los cuatro comuneros fueron asesinados por la policía, además de que se acreditaron 10 casos de tortura, 38 tratos crueles y de indignación, 43 detenciones arbitrarias, 56 domicilios intervenidos ilegalmente y heridos que no fueron contabilizados.

Los indígenas exigen ahora que la investigación de los cuatro homicidios sea atraída por la Fiscalía General de la República (FGR), al considerar que el actual fiscal estatal, Adrián López Solís, es juez y parte en el caso, ya que se desempeñaba como secretario de Gobierno de Michoacán -el segundo cargo en importancia después del gobernador- cuando ocurrieron los hechos.