Playas de Rosarito, BC.- Un video que muestra las condiciones en que viven los caninos del Control Animal Municipal de Playas de Rosarito ha circulado desde algunos días en redes sociales.

Según la persona denunciante, los canes se encuentran en condiciones insalubres, enfermos y en abandono; narró que la Dirección de Salud Municipal se olvidó de los perritos. Los trabajadores del centro argumentaron que se habían ausentado por vacaciones, pues los días Santos ellos no trabajan.

Cuando el domingo pasado llegaron los voluntarios para pasear a los canes se encontraron que varios habían muerto de hambre y sed, y otros agonizaban en las jaulas, llenas de heces y sangre.

Ante tal situación, más de 20 asociaciones y grupos animalistas de Baja California se pronunciaron para exigir a las autoridades estatales tomar medidas urgentes, pues, pese a que la Constitución de Baja California contempla a los animales como seres sintientes “sujetos de una especial protección”, aún viven maltrato y crueldad en los Centros de Control Animal a cargo de los ayuntamientos.

Los activistas condenan que en el estado los CAM están en las mismas condiciones: padecen por falta de medicamentos y atención médica, carencia de alimento, falta de personal capacitado y especializado, pésimas instalaciones de luz eléctrica y servicios básicos, infraestructura deficiente y sacrificios de animales saludables en Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito, Ensenada y Mexicali. En San Felipe y San Quintín, desde su determinación como municipios, no cuentan con reglamento ni con un centro para el refugio de animales.

A la gobernadora Marina del Pilar, piden su apoyo y acompañamiento en esta cruzada por reestructurar la visión, conformación y estructuración de los Centros de Control Animal y para edificar de “una sola visión del bienestar animal” promovida desde la Dirección de Bienestar Animal Estatal a cargo del psicólogo Tadeo Meza.

Además, solicitan la urgente intervención de la Fiscalía Especializada en Delitos contra Medio Ambiente y Animales de la Fiscalía General del Estado de Baja California para que inicie las averiguaciones contra los funcionarios públicos responsables de las conductas tipificadas como maltrato y crueldad animal en los artículos 342 y correspondientes del Código Penal de Baja California.