El cantante Gerardo Ortiz, aunque se declaró culpable por presuntos vínculos con el narcotráfico, se llevó una victoria legal en el caso que enfrentaba en Estados Unidos, y es que el cantante no pisará la cárcel, por lo que le impusieron tres años de libertad condicional.

La tarde del miércoles, Ortiz acudió a la corte federal de California para cerrar formalmente el proceso que, desde 2024, permanecía abierto en su contra, luego de ser señalado por las autoridades estadounidenses de hacer transacciones con una empresa ligada al crimen organizado.

En la audiencia final, la jueza Maame Ewusi Frimpong impuso al cantante una sentencia de tres años bajo libertad supervisada, decisión respaldada por un acuerdo entre la defensa y la fiscalía que reconoció su colaboración con el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), además que enfrentó en libertad su proceso gracias al pago de una fianza de 10 mil dólares (alrededor de 200 mil pesos mexicanos).

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Recordemos que, en marzo de este año, el intérprete de “Dámaso” admitió haberse presentado en varios conciertos realizados por la empresa Gallística Diamante, la cual era liderada por Jesús Pérez Alvear, quien fue señalado como un blanqueador de fondo del narcotráfico.

Esta entidad comercial fue ligada al crimen organizado y de shows relacionados con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como otras organizaciones criminales, bajo la insistencia de su productor.

Ortiz, además, accedió a cooperar con el buró federal en el caso contra su exmánager, Ángel del Villar, acusado de 11 cargos diferentes, incluyendo la violación de la Ley Kingpin, que prohíbe a ciudadanos estadounidenses hacer negocios ilícitos con narcotraficantes, transacciones con ellos o cualquier otro negocio ilegal.

Como parte de su sentencia, el artista deberá pagar una multa de 1.5 millones de dólares (más de 27 millones de pesos).

“El Sr. Ortiz es testigo en este juicio y ha declarado verazmente sobre sus presentaciones en conciertos en México pactados por promotores con los que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha prohibido a los estadounidenses hacer negocios”, dijo su abogado Mark J. Werksman a la prensa.