El Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen conocido como “Ley Ingrid”, que permite modificar el Código Penal para sancionar a los servidores públicos que difundan imágenes o videos relacionados con hechos delictivos.

El dictamen establece que “Se impondrán de dos a seis años de prisión, y una multa de hasta 89,620 pesos a la persona servidora pública que, “difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, audiograbe, videograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta fotos, videos, audios o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo”.

El nombre de este dictamen, tiene su origen a raíz del feminicidio de Ingrid Escamilla en febrero del 2020, luego de que policías filtraran fotografías de su cuerpo.

La fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, propuso la “Ley Ingrid” con el objetivo de castigar la filtración de expedientes de la Fiscalía.