En los primeros 18 meses del sexenio, la fiscalía general de la República (FGR) recibió 522 nuevas denuncias por posibles actos de tortura en contra de agentes federales que, sumadas a las ya existentes en años anteriores, elevaron la cifra de casos abiertos a más de mil 259 de los cuales sólo tres fueron enviados a un juez, y apenas se obtuvo una sentencia condenatoria.

Estos datos forman parte del informe “México: Agudización de la tortura en tiempos de pandemia”, coordinado por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) dado a conocer este jueves.

El colectivo señaló que la superpoblación carcelaria aumentó de forma significativa en 2020 – más de 14 mil personas -, lo cual ha generado 3 mil 456 casos de contagio (que se conozcan hasta ahora) por SARS-COV-2 entre personas privadas de libertad a 11 de julio de 2021.

Por tal razón, México ocupa la cuarta posición en el mundo en el número de muertos causadas por la pandemia, sin medidas adecuadas, las personas privadas de libertad están en la primera línea de exposición al virus.

El organismo internacional, también se observó un recrudecimiento de la represión, por parte de fuerzas de seguridad, civiles y militares, en el marco del cumplimiento de restricciones vinculadas a la pandemia (toques de queda, uso obligatorio de cubrebocas, restricciones a la circulación, etc).

Esto mismo ocurrió en el contexto de acciones de protesta en diversas regiones del país, siendo las protestas en Jalisco en junio de 2020 un caso emblemático. “En múltiples incidentes se registró que las personas manifestantes fueron detenidas de manera arbitraria, incomunicadas y sometidas a tortura (incluida tortura sexual) y otros malos tratos”.

Por su parte, Gerald Staberock, Secretario General de la OMCT, lamentó: “Es la vieja historia: miles de denuncias se acumulan con un número irrisorio de sentencias o de investigaciones rigurosas. Sí, reconocemos que hay esfuerzos positivos por parte de las autoridades, pero son insuficientes frente a la magnitud del problema”.

Por encima de todo, dijo, “solicitamos una explicación pública de las autoridades competentes sobre la situación del Programa Nacional para Prevenir Sancionar la Tortura. Es la pieza clave de la Ley contra la Tortura y, sin embargo, sigue sin existir. Este programa es un instrumento vital para retomar el diálogo con la sociedad civil, proteger a las víctimas y luchar contra la impunidad”.